En España, una Autoridad administrativa independiente (AAI) es un tipo de organismo del sector público institucional estatal que tiene atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre sectores económicos o actividades determinadas.[1] Para el ejercicio de sus funciones, este tipo de organismo requiere para su desempeño de independencia funcional o una especial autonomía respecto de la Administración General del Estado, motivo por el cual deben ser creadas por una norma con rango de Ley.[1]
De acuerdo al artículo 109.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, «Las autoridades administrativas independientes actuarán, en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines, con independencia de cualquier interés empresarial o comercial».[1]
Régimen jurídico
Las autoridades administrativas independientes se rigen por las siguientes normas jurídicas:[1]
- La Ley que crea la AAI.
- Los estatutos de la AAI.
- La legislación especial de los sectores económicos sometidos a su supervisión.
- De forma supletoria y siempre que sea compatible con su naturaleza y autonomía, por lo dispuesto en las normas de derecho administrativo, y principalmente:
- La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en particular lo dispuesto para organismos autónomos.
- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
- La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamenteo Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
- La Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
Asimismo, las AAI están sujetas al principio de sostenibilidad financiera previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.[1]
Actuales AAIs
- Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)
- Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
- Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)
- Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)
- Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG)
- Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF)
- Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)
- Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil
Referencias
- «Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.». www.boe.es. Consultado el 31 de diciembre de 2020.
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